Introducción
Una de las noticias que con más horror pueden ser recordadas relataba cómo una furgoneta había arrollado a dos hermanos de 4 y de 7 años provocando su muerte cuando, junto con sus padres y otro hermano, cruzaban por un paso de cebra. Los hechos sucedieron el 3 de enero de 2006 en la bilbaína avenida de Montevideo. Los vecinos llevaban años solicitando un semáforo en el lugar del cruce, donde ya se había producido años antes otro atropello mortal. Para no colocarlo, las autoridades se escudaban en que las competencias sobre la instalación se repartían entre el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación Provincial de Vizcaya, no poniéndose de acuerdo en quién debía realizar la obra. El conductor del automóvil, tras una primera sentencia en la que fue condenado por dos faltas de imprudencia leve con resultado de muerte, fue finalmente condenado por la Audiencia Provincial de Vizcaya1 a dos años de prisión por homicidio imprudente. Ningún político sufrió pena alguna por esta negligencia. Al horror de la muerte de los dos niños se sumaban tres elementos que, si cabe, producían una mayor consternación: la fecha en que ocurrió el accidente (dos días antes de la tradicional festividad de los Reyes Magos), el hecho de que si cualquiera de los políticos implicados hubiera sido competente el accidente no se hubiera producido y la irresponsabilidad final de quienes gestionan nuestra administración.
Las razones sociológicas de la impunidad de quienes se dedican a la administración de lo público o de lo común son múltiples y se puede presumir que se hallan ancladas en un cierto modelo cultural que debería ser desterrado pero, en todo caso, escapan a las intenciones de este ensayo. Se puede considerar que tal impunidad es una de las causas del déficit democrático que en la actualidad se denuncia no sólo por los autores dedicados al pensamiento político, sino por la ciudadanía. Y se puede afirmar que este problema es de percepción general, atribuyéndose el mismo a variadas causas y para el que se han propuesto soluciones heterogéneas, conformándose diferentes tipos de luchas o movimientos antagónicos que han oscilado entre la reforma y la revolución según el tipo de sociedad y período histórico de que se trate.
El período histórico ante el que ahora nos hallamos es el de una sociedad tecnológica. Para González R. Arnáiz (2011, 17) “una sociedad tecnológica es, por antonomasia, el prototipo de sociedad avanzada o desarrollada que se define como aquélla que es competente en el suministro de una serie de bienes y servicios requeridos por los actores sociales”. Cuando esa serie de bienes y servicios requeridos por los actores sociales no se da, se observa como los ciudadanos, con una declarada intencionalidad de solucionar el déficit democrático, realizan propuestas2 en las que, mediante la aplicación de la tecnología a su alcance, utilizan internet como sede, inciden en cuestiones concretas, proponen reformas o cambios de tipo político. Como ejemplos precisos se pueden ofrecer, entre muchos otros:
- Las iniciativas ciudadanas contra los desahucios.
- La propuesta de retirada de publicidad en un programa de televisión3 por pagar a madres de delincuentes por aparecer en antena.
- La recopilación de datos sobre incendios forestales4 consecuencia de una mala política de recortes económicos.
- La interposición y seguimiento de una querella contra el antiguo Vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, por los actos cometidos cuando era consejero delegado de la caja de ahorros Bankia.
Además de estas cuestiones concretas, existen también reivindicaciones más genéricas como, por ejemplo, las de una reforma constitucional donde se dilucide el modelo de Estado.
A pesar de su heterogeneidad, en numerosas iniciativas ciudadanas que utilizan los recursos tecnológicos de internet hay dos elementos comunes. Estos consisten en:
- la puesta a disposición pública de un conocimiento reutilizable y
- la propuesta (tácita o expresa) de un procedimiento o protocolo de actuación.
En esta obra, estas iniciativas ciudadanas se denominarán acciones micropolíticas, en contraposición a las acciones políticas que serían las planteadas por los instituciones u organismos tradicionales (partidos políticos, sindicatos, asociaciones...), si bien el nombre que coloquialmente recibe este tipo de actuación es el de ciberactivismo, que es el elegido para el título de este ensayo. De esta manera se diferenciará este tipo de acciones de otras iniciativas consistentes, por ejemplo, en la publicación de manifiestos, campañas de recogidas de firmas, o impresión y vestimenta de camisetas de colores, que carecen de los dos elementos comunes, conocimiento reutilizable y propuesta de un procedimiento, de las acciones objeto de estudio en este ensayo.
La elección de los términos acciones micropolíticas o ciberactivismo no es casual y ya desde esta introducción se desean realizar unas precisiones terminológicas referentes a los términos tecnopolítica, tecnopolítica digital y hacker ya que, aunque el entorno sea de una sociedad tecnológica, se pretende no utilizarlos.
En lo que se refiere a las reticencias para utilizar el término tecnopolítica, este vocablo se ha puesto recientemente muy de moda para referirse al activismo que se realiza utilizando las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC). Sin embargo, tal y como bien señala Javier Creus5, la tecnopolítica existe desde que un homínido ató una piedra a un palo y lo usó en sus relaciones con los demás homínidos. A pesar de su utilización para las TIC, se trata de un término que designa una realidad histórica mucho más amplia. La tecnopolítica se ejerce desde que existe la técnica, mostrando los enfrentamientos bélicos una trayectoria histórica de uso de la tecnología para la política que abarca desde el inicio de los tiempos hasta la utilización actual de los drones y las armas biológicas. Como un buen ejemplo de tecnopolítica se puede citar el III Reich, fuente de innovaciones tecnológicas tan perversas tales como el uso del gas Zyklon B o los campos de concentración (Alonso, 2013, 99). Acerca del uso de la tecnopolítica por este régimen son útiles las palabras del arquitecto de Hitler, Albert Speer, en su alegato final en el juicio de Núremberg:
Las dictaduras de otros tiempos precisaban de hombres de grandes cualidades incluso en los puestos inferiores; hombres que supieran pensar y actuar por su cuenta. El sistema autoritario de los tiempos de la técnica puede prescindir de ellos; los medios de telecomunicaciones permiten mecanizar el trabajo del mando inferior. La consecuencia de todo ello es el tipo de hombre que se limita a obedecer órdenes sin cuestionarlas. (Speer, 922-923)6.
Utilizar el término de tecnopolítica para los usos de las redes y los terminales conectados a las mismas supondría ignorar una carga histórica que ni se debe ni se quiere olvidar, especialmente cuando los funcionamientos de las redes sociales siguen en muchos aspectos el diseño propagandístico realizado por Goebbels (quizás la identidad más evidente es la de los hashtags de Twitter, que corresponden a las etiquetas goebbelianas)7. Cierto es que el término tiene peso para lo actual desde que Stéfano Rodotá publicó en 1997 su obra “Tecnopolítica. La democracia y las nuevas tecnologías de la comunicación” donde señalaba que:
El sistema de la comunicación en su totalidad se encuentra ahora involucrado en el proceso político. Y estamos más allá de la propia frontera de la electrónica: con una referencia sintética al conjunto de los instrumentos antes enumerados, se puede hablar ya de la tecnopolítica como fuerza estructuradora de nuestros sistemas. (Rodotá, 1999, 17).
Sin embargo, las propias conexiones que Rodotá traza citando a Mussolini (1999, 28) al considerar “la cámara de filmar como el arma más potente” refuerzan la hipótesis de no utilizar el término tecnopolítica para la actual actividad limitada a redes y terminales (ordenadores y teléfonos móviles) mediante los que se accede a las mismas, debiendo reservar el término para períodos históricamente más amplios. Por otra parte, además de los reparos basados en su falta de concreción al actual momento histórico, ya Weber señalaba en 1921 que “la presencia de una cuestión técnica significa siempre lo mismo: la existencia de dudas sobre los medios más racionales” (2002, 48), refiriéndose a que cada una de las técnicas es “susceptible de los más diversos grados de racionalidad”. La amplitud del término, por tanto, ya no sólo se produce en cuanto a su historicidad sino también en cuanto a qué significa en cada disciplina, lo que obliga a rechazar su uso y a realizar estas consideraciones al lector.
El rechazo al término tecnopolítica digital proviene de que no por adjetivar el sustantivo de tecnopolítica conseguimos la deseada precisión. Tal y como se tendrá la oportunidad de reiterar en este ensayo, utilizar los términos tecnopolítica digital supondría ignorar que las acciones políticas ejercidas en nuestro tiempo tienen dos partes: una actividad realizada AFK (Away From Keyboard)8 y otra realizada utilizando la red. Despreciar la actividad AFK, dada la importancia de la misma, supone un empobrecimiento conceptual que sólo sirve para visibilizar el activismo de click frente al activismo omnicomprensivo.
En lo que se refiere al término hacker, éste se ha convertido en un recurso común para designar tanto cualquier actividad maliciosa en la que se utiliza la tecnología digital como para el marketing de vanidades. Siempre que alguien explota vulnerabilidades de una web o de una aplicación, los medios de comunicación señalan que se trata de un hacker, habiendo caído en desuso el correcto término de cracker. Por otra parte, ahora ya se hackea una receta de cocina, se hackea un teléfono, se hackea un coche. Hasta Telefónica regalaba camisetas con la inscripción hacker en una iniciativa que parece que tuvo un éxito panfletario luego seguido también por el Banco de Sabadell. En su origen, tal y como relatan Sterling (1992, 50–51), Hafner y Markoff (1995, 11), Levy (2001, 23) y Tascón y Quintana (2012, 117-122), el término hacker significaba un experto o entusiasta de cualquier tipo cuya actividad era creativa, no destructiva, un hack era un hachazo, una respuesta brillante a una pregunta inteligente, y suponía el reconocimiento de una comunidad que identificaba los méritos de una persona, existiendo escasos hackers ya que entrar en la aristocracia del conocimiento es un honor reservado a pocos. Al igual que nadie debe autotitularse sabio, tampoco nadie podía autotitularse hacker. Quien se autoatribuía la condición de hacker en realidad estaba indicando su condición de farsante y de impostor. Esta regla sigue vigente en esta época en la que la propaganda en forma de marketing invade como un ruido de fondo permanente del que hay que aislarse para poder ejercer el espíritu crítico. Por esta razón tampoco se utilizará el término hacker pues, si bien sería un título honorífico muy aplicable a muchos de los impulsores de acciones micropolíticas, sin embargo la actual utilización del término obliga a ser cuidadosos si se desea evitar que se confunda con la impostura.
Se considera que el término utilizado de acción micropolítica es más apropiado pues supone un contraste entre lo micro y lo macro, en la línea de lo señalado por Félix Guattari y Suely Rolnik en su obra “Micropolítica. Cartografías del deseo” (2006, 157), quienes identifican por un lado las grandes estructuras y por otro las subjetividades de las personas que actúan en estas iniciativas:
La democracia tal vez se exprese a nivel de las grandes organizaciones políticas y sociales; pero sólo se consolida, sólo gana consistencia, si existe en el nivel de la subjetividad de los individuos y de los grupos, en todos esos niveles moleculares, se da lugar a nuevas actitudes, nuevas sensibilidades, nuevas praxis, que empiezan alrededor de las viejas estructuras.
Y si Guattari utiliza el término para referirse a las subjetividades de los intervinientes, Giovanni Sartori utiliza el término para referirse a elementos objetivos, usando el concepto de microintervenciones (2011, 134–135), que consisten en “un programa de acción en pequeña escala, que verse sobre problemas localizados y específicos”. El término que se elige supone por tanto la existencia de un ámbito concreto en el que focalizar la acción, existiendo una especial subjetividad de los participantes. La tecnología que usarán será la que tengan a mano, siendo el objeto de este estudio los supuestos en que utilicen las TIC.
Centrándose ya en el contenido de esta obra, ésta se halla dividida en dos partes, una primera teórica y otra segunda práctica. En la primera parte se intentará una explicación analítica del ciberactivismo mientras que la segunda se centrará en reflexiones sobre aspectos concretos que pudieran ser útiles para quien desee planificar alguna acción. Si bien se ha intentado que la línea trazada entre ambas partes esté lo más definida posible, se entiende que la división es difícil. Se deja al lector el intento de leer la parte que más le interese en primer lugar, si bien, como la parte teórica definirá y explicará la estructura conceptual utilizada para la parte práctica, se recomienda la lectura lineal del libro.
En la parte teórica se planteará la existencia de una serie de acciones que responden a un mismo patrón. Estas acciones son llevadas a cabo por ciudadanos con una clara intencionalidad política y para ejecutarlas se sirven en la actualidad de las tecnologías web (servidor de páginas web, lenguaje HTML y navegadores web). En esta obra, se aludirá a esta serie de acciones como acciones micropolíticas y se explicarán sus características y patrones comunes, lo que servirá de guía para la segunda parte de este ensayo cuyo contenido son las prácticas.
Se apreciará cómo uno de los problemas que se encuentran los ciudadanos cuando plantean una acción micropolítica es la de responder a la pregunta ¿qué conocimiento relevante es el que se necesita publicar en internet? Se trata de precisar la producción de uno de los bienes que integran un acervo comunitario propio de la sociedad tecnológica. Esta pregunta está inspirada en la planteada por Karl Popper:
¿Qué podemos hacer para configurar nuestras instituciones políticas de modo que los dominadores malos e incapaces, que naturalmente intentamos evitar, pero que, no obstante, no resulta excesivamente fácil hacerlo, ocasionen los menores daños posibles y de modo que podamos deshacernos de los dominadores incapaces sin derramamiento de sangre? (Popper 2008, 22)
Se trata, pues, del mismo viejo problema de siempre, pero con tecnologías nuevas: ¿cuál es el conocimiento relevante para resolver un problema? Se trata de un clásico problema epistemológico sobre el que cabe aventurar su agudización en estos tiempos al pasar desde la reproducibilidad mecánica de la obra de arte (Benjamin 2013) a su reproducibilidad digital. Tal y como ya en el año 2008 advertía Paul Krugman (2008), “bit por bit, todo lo que puede digitalizarse será digitalizado”, lo que ha conducido a un entorno donde el exceso de información hace muy difícil separar el grano de la paja o, utilizando términos de teoría de la información, separar la señal del ruido.
Ahora bien, no todas las actuaciones propuestas por los ciudadanos utilizando internet pueden caracterizarse como acciones micropolíticas, debiéndose diferenciar aquéllas en las que el fin buscado sea otro diferente de la política9. Por ello, para intentar acotar la respuesta a esta pregunta se planteará en primer lugar qué se entiende por acción y a cuál se le puede atribuir carácter micropolítico, diferenciando así estas iniciativas en internet de otras que tengan finalidades lúdicas, comerciales o supongan la mera manifestación de una opinión agregada o colectiva. Posteriormente, se analizarán las tres características lingüística, jurídica y tecnológica de las acciones. El carácter lingüístico permitirá trabajar sobre la tradicional diferencia conceptual entre decir cosas y hacer cosas; la característica jurídica señalará cuál es el entorno de legalidad en el que las acciones podrán realizarse y la naturaleza tecnológica mostrará el entorno de desarrollo y almacenamiento tanto de los procesos propuestos por las acciones, como de los datos utilizados en las mismas.
El almacenamiento de las acciones permite la utilización de tecnologías de la web semántica, donde se examinará cómo incorporar conceptos de las ciencias sociales en taxonomías definibles por los desarrolladores informáticos, inoculando así tales conceptos en código legible por máquinas, y se explicará un ejemplo concreto de desarrollo que se halla operativo en internet, el proyecto Move Commons. Para concluir la parte teórica, se señalarán las características que se proponen para la codificación y metodología utilizable en los procesos y en los datos de las acciones micropolíticas.
En la segunda parte de esta obra se trazan los diversos elementos que deben tenerse en cuenta para poner en línea una acción micropolítica yendo desde la decisión de qué acción realizar, la descripción del problema detectado que se desea resolver, los fines buscados, los elementos subjetivos intervinientes en la acción, los sistemas organizativos de los participantes en la acción, la publicación y archivo del conocimiento, la propuesta de procedimiento, finalizando con una reflexión sobre lo mediático. Esta parte supone la descripción de un conjunto de prácticas basadas en la experiencia obtenida tras numerosos años realizando y aconsejando sobre este tipo de actividades. Como tales prácticas, pueden ser mejoradas por otras personas.
Por último, se debe señalar que el presupuesto del que parte este trabajo, y también el ciberactivismo aunque muchas personas no sean conscientes de ello, es que la doctrina de la inevitabilidad histórica es falsa: la historia se halla llena de hechos que pudieran haber sido de otra manera por lo que el futuro depende no de reglas históricas de obligado cumplimiento sino de los actos individuales o colectivos que se llevan a cabo en el presente. En línea con Bernard Berenson (en Berlin 2004, 131), “es especialmente oportuno ignorar los dogmas que tienden a hacernos aceptar que lo que sucede es irresistible y que es temerario oponerse a ello”. La historia reciente del ciberactivismo demuestra que existen múltiples ventajas derivadas de la actividad en red y que las acciones así tomadas por un colectivo que se coordina entre sí utilizando las TIC pueden lograr sus objetivos. Realizando estas acciones, los colectivos se posicionan (nos posicionamos) en contra de los dogmas de la inevitabilidad. El cambio es posible y el mejor ejemplo se vivió cuando cayó el canon sobre los soportes digitales (el llamado canon de la SGAE o canon digital), la primera acción micropolítica en la que este autor intervino. Frente a los agoreros que se posicionaban afirmando que aquella acción no iba a servir de nada, la respuesta que se les daba era: «El no ya lo tenemos. Ahora vamos a por el sí».
-
Sentencia de 30 de julio de 2008 de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Vizcaya. ↩
-
Para un análisis académico sobre este tema, vid. De la Cueva, Javier. (2014). Pragmáticas tecnológicas ciudadanas y regeneración democrática. Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filosofía. Madrid. Documento accesible en línea: http://derecho-internet.org/files/2014-10-04_pragmaticas-tecnologicas-ciudadanas.pdf ↩
-
El periodista Pablo Herreros promovió una campaña para que el programa «La Noria», emitido en Tele 5, dejase de tener anunciantes debido a que en dicho programa se entrevistó, y se remuneró bien, a la madre del «Cuco», un condenado. Vid. ↩
-
Este es el objeto de la iniciativa «España en llamas», de la Fundación Civio. ↩
-
En conversación con el autor. ↩
-
Se accede al texto de Speers a través de su cita en Querol (2015, 157-158). ↩
-
Vid. Doob (1950). ↩
-
Lejos del teclado. ↩
-
Un ejemplo de una acción para la que se utilizó internet fue la de llevar a Rodolfo Chikilicuatre al festival de Eurovisión de 2008, acción que difícilmente podemos categorizar como política, y que se gestó mediante votaciones en la web de MySpace: http://www.myspace.com/rodolfochikichiki. La Wikipedia nos ofrece un artículo muy completo sobre esta parodia: http://es.wikipedia.org/wiki/Rodolfo_Chikilicuatre ↩